-Desde las inmobiliarias indican que, los propietarios quieren contratos más flexibles y explicaron que la oferta de inmuebles para alquiler convencional se reduce cada día más, dando así lugar a prácticas ilegales. El Defensor del Pueblo, señaló que, al haber desaparecido la Cámara de Alquileres de la Provincia, que antes funcionaba en los Monoblocs, el Convenio Marco, suscripto con la actual Cámara Inmobiliaria, vendrá a cumplir las funciones de aquella a favor de los inquilinos y propietarios, a fin de evitar judicializaciones innecesarias y costosas para los sectores más afectados y vulnerables-
En la Reunión de Trabajo, mantenida la Sede de la Defensoría del Pueblo con el actual Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Formosa, Daniel Esperanza, se afirmó que, por la nueva ley y la inflación, “se hacen cada vez más negociaciones por fuera de la misma y se prevé que para mitad de año habrá aún muchas más”. La ley de alquileres va a cumplir tres años desde su promulgación y, con más detractores que adeptos, en el Congreso todavía descansan varios proyectos que buscan modificarla. A poco de vencerse los primeros contratos hechos bajo esta legislación, las inmobiliarias anticipan que se multiplicarán las negociaciones ilegales. Los primeros contratos que se hicieron con la nueva ley, que contempla un plazo de tres años, comienzan a vencer en junio. Para las inmobiliarias, el contexto económico y la incertidumbre que generan las próximas elecciones, se traducirán en importantes subas en los nuevos contratos.
La actual ley de alquileres contempla contratos a tres años y una indexación anual que establece el Banco Central tomando como referencia el incremento de los salarios y la inflación. En un contexto de incertidumbre nadie quiere contratos por periodos largos. Hoy vemos que, por fuera de las inmobiliarias, están cerrando Acuerdos con alzas semestrales y renovaciones cada dos años como la normativa anterior. Desde las inmobiliarias prevén que la situación empeorará aún más a partir de junio. Muchos de los que tuvieron sus inmuebles en alquiler por tres años, ante la inflación, van a decidir continuar con sus inquilinos, pero con acuerdos fuera de la ley. El incremento de contratos por fuera de la ley es una realidad y es una muestra de que algo no está bien. Por eso pedimos cambiar la Ley actual, porque esto demuestra que no funciona. Esto, además, se ve incentivado por escasez de oferta. Hoy la demanda de alquileres se mantiene alta por la falta de créditos hipotecarios, pero la oferta se reduce cada vez más. Muchos propietarios,
plantean establecer en los contratos cláusulas en donde diga que, si la inflación es mayor al 30% en los últimos seis meses, se renegocia la suba del alquiler entre las partes. Aunque las inmobiliarias aclaran que no aprueban estas prácticas, ya que, existe una ley que está vigente, pero que debería ser derogada o modificada cuanto antes. Denunciaron también que, pierden clientes prácticamente todos los días porque los propietarios quieren contratos flexibles, que hoy no podemos hacer. Otra de las opciones que en los últimos meses tomó relevancia en el mercado locativo son las prórrogas, sobre todo en el caso de la renovación de los contratos que vienen desde antes de julio 2020 -con la ley anterior-. Lo que se hace es mantener incrementos semestrales y con un porcentaje similares a la inflación.
Subas estimadas para 2023: según un análisis realizado por el Centro de estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, sobre la base de información oficial del Banco Central de la República Argentina, el costo de los alquileres en Argentina tuvo un alza de 245% desde la nueva ley de alquileres, la cual entró en vigencia el 1° de julio de 2020. Pero en la práctica esos incrementos fueron mucho mayores. Hoy se calcula un alza de entre el 100% al 120% aproximadamente para los nuevos contratos. Si se venía pagando $ 70.000, ahora van a pagar $ 140.000 porque el ICL -índice que se usa para incrementar anualmente los contratos- está cercano al 90%. A ese número le tenemos que calcular entre un 10% y un 20% por arriba. El ICL, es el índice que elabora mensualmente el Banco Central que contempla el Índice de Precios al Consumidor y la remuneración promedio de los trabajadores estables. Desde junio 2020 a junio 2022 ese incremento alcanzó el 190% y, desde esa fecha, hasta marzo ya acumulaba un 90% más.